El reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por su presidente Nadin Argañaraz, ha revelado datos preocupantes sobre el poder adquisitivo de los jubilados en Argentina. Aunque el Gobierno ha afirmado que las jubilaciones han mejorado gracias a cambios en la fórmula y compensaciones estatales, la realidad es que estas mejoras son insuficientes para compensar la pérdida acumulada desde 2017.

Según el estudio, desde 2017 hasta la fecha, los jubilados que perciben la jubilación mínima han perdido un 26% de su poder adquisitivo. Argañaraz explica que, en términos constantes de junio de 2024, un haber promedio mensual en 2017 equivalía a $370.000. Este valor ha caído drásticamente a un mínimo de $212.400 en febrero de 2024, reflejando una disminución del 43% respecto al promedio de 2017. Aunque en los últimos meses se ha observado una leve recuperación, los haberes de mayo de 2024, incluyendo un bono de $70.000, alcanzaron solo $273.000. Lo que aún representa una caída del 26% en comparación con los niveles de 2017.

Argañaraz advierte que si la inflación se mantiene constante, los haberes reales se estabilizarán en sus valores actuales, muy por debajo de los de 2017. La situación podría empeorar si el gobierno no ajusta adecuadamente los bonos compensatorios. Mantener el bono fijo en $70.000 provocaría una disminución en el ingreso real de los jubilados debido a la inflación, incluso si esta es baja. “El ingreso real de esta importante masa de jubilados, luego de tocar un máximo en junio, empezaría a descender mes a mes”, señala Argañaraz.

El informe destaca la urgencia de que el gobierno implemente un mecanismo para evitar que se repita la pérdida de poder adquisitivo. La Cámara de Diputados ha sancionado un proyecto que mejora los haberes reales en un 8,5%, pero el presidente ha manifestado que vetará cualquier proyecto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Argañaraz enfatiza la necesidad de una reforma integral del sistema previsional dentro de una reforma fiscal más amplia. Y que pueda garantizar que los jubilados recuperen y mantengan su poder adquisitivo del año 2017.