La inteligencia artificial (IA), definida como la capacidad de máquinas para realizar funciones cognitivas humanas como razonar, aprender y resolver problemas, se perfila como una herramienta esencial para la transformación de la administración pública. Su implementación promete optimizar procesos burocráticos, reducir tiempos y costos, y mejorar la interacción entre ciudadanos y gobierno.

Santiago Siri, fundador de Democracy Earth, explicó que la IA tiene el potencial de simplificar los trámites administrativos, aunque enfrenta desafíos técnicos relacionados con la escalabilidad. «El principal reto de estos sistemas radica en los costos elevados de energía y computación. Internet consume actualmente el 1,5% de la energía mundial y, para 2030, podría alcanzar el 8%», señaló.

No obstante, Siri destacó que, desde el punto de vista del software, la implementación de IA no es compleja: «Es posible desarrollar soluciones de bajo costo para atender a un pequeño grupo de usuarios sin un impacto significativo en los recursos. Sin embargo, escalar estas tecnologías para responder a millones de reclamos y cientos de miles de mensajes diarios requiere un enfoque especial en la eficiencia».

¿Amenaza a los puestos de trabajo?

El experto advirtió que la búsqueda de eficiencia mediante la IA podría poner en riesgo algunos empleos. «El gran costo social de la inteligencia artificial es el desempleo. Las sociedades modernas tendrán que decidir entre la automatización con robots o la apertura hacia los migrantes, un dilema que marcará a muchos países en el siglo XXI», concluyó Siri.

La integración de la IA en la administración pública representa un avance tecnológico con grandes beneficios, pero también plantea desafíos sociales y económicos que requieren un análisis cuidadoso para garantizar un equilibrio entre eficiencia y equidad.