El Gobierno estudia convertir a los jubilados que accedieron por distintas moratorias sin completar los aportes a beneficiarios de planes sociales. Según fuentes de Casa Rosada, “la iniciativa forma parte de la decisión del presidente Javier Milei de terminar con todas las injusticias heredadas”. No obstante, esta debería ser analizada por el Congreso de la Nación, ya que dichas moratorias fueron establecidas por leyes parlamentarias durante la gestión de Cristina Kirchner. 

De acuerdo a un relevamiento, la medida impactaría en alrededor de 4 millones de jubilados. Según el gobierno, las moratorias habrían llevado a un desfinanciamiento del sistema previsional y califican de «injusticia» la quita de recursos a aquellos que aportaron fondos durante toda su vida laboral. Por eso, una alternativa que evalúa el Ejecutivo es mantener el beneficio a quienes hayan recibido la jubilación, pero bajo un régimen de subsidios relacionado a planes sociales.

Se calcula que en la actualidad hay más beneficios otorgados por moratorias (3,6 millones) que por haberse cumplido con la totalidad de los aportes regularmente requeridos (3,2 millones). El pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del total del gasto público. Según informes del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un gasto equivalente a 7,2% del PBI. Además, el SIPA está concebido como régimen general, sin embargo, opera con regímenes especiales y regímenes diferenciales con menor edad.

Según los estudios, hasta 2019, los aportes salariales financiaban el 55% del sistema jubilatorio. El resto provenía de impuestos y transferencias del Tesoro. Las últimas estimaciones arrojan que existen 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber, cuando los analistas sostienen que deberían ser al menos 3 por persona para que el sistema sea viable.