La gestión de Javier Milei solicitó al Banco Mundial en diciembre la cancelación de nueve proyectos de financiamiento internacional por un monto de hasta 1.700 millones de dólares. Según lo informado por el Gobierno nacional, esta decisión responde a la necesidad de «iniciar el proceso de reestructuración de cartera y alinearla a las prioridades estratégicas» del país, enfocándose en áreas como empleo, educación y protección social.

Entre los proyectos que serán suspendidos se encuentra uno de gran envergadura para la modernización del transporte ferroviario en la línea Belgrano Sur, cuyo financiamiento ascendía a 598,5 millones de dólares. Este plan, aprobado en 2022, buscaba beneficiar a 65.000 pasajeros diarios y a unos 2 millones de habitantes en su zona de influencia, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Gran Buenos Aires como Gregorio de Laferrere, González Catán y Merlo. El proyecto contemplaba la electrificación del servicio, renovación de vías, señalización, transformación de pasos a nivel y mejoras en estaciones.

Declaraciones oficiales sobre la reestructuración

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, justificó la medida al afirmar que “la línea Belgrano Sur de trenes no forma parte de las obras priorizadas por la Secretaría de Transporte, por lo que dimos de baja ese proyecto para tener espacio en otros que tienen un impacto social más inmediato”. Añadió que se buscarán otras fuentes de financiamiento para este y otros proyectos en suspenso.

Otro programa significativo que se cancelará es el contrato destinado a financiar energías limpias para hogares y comunidades vulnerables, cuyo monto ascendía a 359 millones de dólares y que habría beneficiado a 1.250.000 personas para 2029. Asimismo, quedará en suspenso un plan de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas por 199,5 millones de dólares, así como un proyecto de agua y saneamiento orientado a poblaciones vulnerables, por 190 millones de dólares.

Programas afectados y prioridades sociales

También se dejarán de ejecutar fondos para el fortalecimiento de políticas alimentarias, que preveían una inversión de 128 millones de dólares, además de iniciativas en áreas como gestión de riesgos rurales, acceso digital, infraestructura resiliente al clima y promoción de la innovación, con montos que oscilaban entre 30 y 74 millones de dólares.

El Gobierno explicó que la decisión de reestructurar estos proyectos está alineada con los objetivos del programa económico libertario, que busca minimizar el rol del Estado en la obra pública y promover la participación del sector privado en la asignación de recursos. Según esta visión, la obra pública constituye un gasto financiado con impuestos y endeudamiento, algo que el Ejecutivo busca reducir mediante el superávit fiscal alcanzado durante el último año.