El proceso de simplificación de trámites para la compra y venta de vehículos en Argentina ha dado un paso significativo hacia un sistema remoto. Esta vez, con la publicación en el Boletín Oficial de una nueva resolución del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona. La resolución faculta a concesionarios e intermediarios, como las agencias de automóviles, para certificar la identidad de vendedores y compradores. Así como verificar la documentación de automóviles y motocicletas de manera remota.

La nueva normativa se complementa con la implementación de tecnología de validación de datos biométricos, lo que permitirá realizar transacciones de forma remota. Este avance responde a una de las promesas electorales de Javier Milei, enfocada en transformar el sistema registral de automotores y reducir las funciones de los Registros del Automotor.

En la práctica, esta resolución permite que las operaciones de compra y venta de vehículos realizadas en empresas registradas legalmente como comerciantes habitualistas. Las cuales manejen un volumen mínimo de 150 operaciones mensuales, puedan recibir y transferir vehículos en sus propias oficinas. Esto elimina la necesidad de que los vendedores y compradores acudan personalmente a un Registro del Automotor para certificar sus firmas, simplificando y agilizando el proceso.

Reducción de costos y agilización de trámites

Anteriormente, las grandes agencias de autos ya realizaban estos trámites en sus sedes, pero requerían la presencia de un escribano para certificar la documentación. Lo que implicaba costos adicionales que se trasladaban al precio final del vehículo. Con la nueva resolución, las agencias de menor tamaño, que manejan menos operaciones, podrán operar sin necesidad de escribanos. Es decir, eliminando así gastos innecesarios y reduciendo los costos para los compradores y vendedores.

Además, las agencias habitualistas podrán designar a un empleado para realizar la verificación policial de la documentación del vehículo en sus instalaciones. Este proceso, que antes requería la contratación de un funcionario policial para inspecciones a domicilio, se simplifica y abarata, permitiendo una reducción en los costos operativos y una mayor eficiencia en las transacciones.