El Gobierno impulsa una nueva ley de divorcio exprés que no exige ir a la Justicia
Se envió el proyecto de Ley Hojarasca y otros dos al Congreso, uno de estos propone modificaciones a la ley de divorcio vigente, permitiendo un proceso más ágil y sin necesidad de acudir a la Justicia. El segundo proyecto busca la modernización judicial, incluyendo aspectos relacionados con depósitos y bienes incautados.
El proyecto que modifica la ley de divorcio propone cambios en el Artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, añadiendo una nueva causa de disolución del matrimonio. Actualmente, las causas de disolución son:
- a) Muerte de uno de los cónyuges
- b) Sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento
- c) Divorcio declarado judicialmente
La iniciativa agrega una cuarta causa:
- d) Divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial
Además, se modifica el Artículo 437, permitiendo que el divorcio pueda ser solicitado en sede administrativa exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal.
La propuesta también introduce cambios en el Artículo 51 de la Ley 26.413, agregando nuevos ítems para ser inscritos en los libros de matrimonios:
- d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del Artículo 421, segundo párrafo del Código Civil
- e) Los celebrados in extremis por capitanes de buques y aeronaves de bandera argentina, asentándose ante el oficial público del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo
- f) El divorcio en sede administrativa
Estos cambios buscan agilizar los trámites, disminuir los costos y simplificar el proceso de divorcio, evitando la necesidad de procedimientos judiciales largos y costosos.
Modernización judicial
El segundo proyecto, titulado «Ley de Modernización, Digitalización y Desburocratización de la Justicia», consta de seis capítulos y tiene como objetivo principal actualizar y optimizar el sistema judicial. Entre sus propuestas se incluyen:
- Digitalización de procesos judiciales: implementación de sistemas electrónicos para agilizar trámites y reducir el uso de papel.
- Gestión de depósitos y bienes incautados: establecimiento de mecanismos más eficientes para administrar y disponer de estos bienes.
- Simplificación de procedimientos: eliminación de burocracias innecesarias que entorpecen el funcionamiento de la justicia.
Estas iniciativas forman parte del esfuerzo gubernamental por modernizar el marco legal y administrativo del país, facilitando a los ciudadanos el acceso a servicios más eficientes y reduciendo la carga burocrática.