El comité de acreedores de la provincia de La Rioja ha iniciado un juicio sumario en el tribunal del segundo circuito de Nueva York. Es como respuesta a la situación de impago en la que la provincia se encuentra desde febrero. El gobierno de Ricardo Quintela había cancelado solo USD 10 millones de los USD 26 millones que vencían en ese mes. Con nuevos compromisos de capital e intereses que vencen el 24 de agosto, aún no se ha llegado a un acuerdo de reestructuración entre las partes involucradas.

Los bonistas, representados por el bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, criticaron fuertemente al gobierno provincial. Calificando su actitud como un «desprecio temerario» por sus obligaciones financieras. Lo cual, según ellos, perjudica a la población al desalentar la inversión y la actividad económica en La Rioja. Además, afirmaron que esta situación socava los esfuerzos del gobierno nacional para mejorar la imagen de Argentina en los mercados internacionales de crédito.

La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales, entre todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período de 2021. De los USD 26 millones que vencieron en febrero, la provincia solo giró USD 10 millones correspondientes a intereses. Es decir, dejando impagos USD 16 millones de capital de sus Bonos Verdes, emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York. Esta situación ha generado preocupación entre los bonistas, ya que el próximo 24 de agosto se enfrentan a nuevos vencimientos que podrían llevar a incumplimientos adicionales.

El bono en cuestión fue emitido en 2017, cuando Argentina aún tenía acceso a los mercados internacionales de deuda. Se trató de un bono verde por USD 318 millones, destinado a financiar la construcción de un parque eólico. Los bonistas señalaron que recibieron ingresos por la venta de activos vinculados al proyecto. Sin embargo, la provincia incumplió sus obligaciones con los tenedores de bonos, agravando la situación de default.