En la tarde de ayer, se conoció la sentencia del primer juicio por el delito de intimidación pública. El acusado, Matteo Santiago Galván, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva. Además, se le impuso una inhabilitación especial de seis años para desempeñarse como empleado de la fuerza policial.

La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Taylor, quien aceptó la solicitud punitiva presentada por la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, dirigida por Carlos Saltor. Saltor elogió la decisión del ministro Edmundo Jiménez de mantenerse actualizado ante la evolución de los ciberdelincuentes. Durante el juicio, se destacó la complejidad de llevar a juicio pruebas digitales, teléfonos y el impacto de las antenas. Subrayando la necesidad de contar con personal técnico especializado y una Fiscalía actualizada.

Saltor resaltó la importancia del precedente en Argentina, ya que la calificación se basó en el delito de intimidación pública. Esto constituye un hito histórico por amenazas de bomba bajo este tipo penal. A su vez, el fiscal destacó la profesionalidad de todos los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el trabajo comprometido y sólido de la Unidad Especializada. La cual cuenta con abogados de vasta experiencia en delitos informáticos y técnicos expertos en redes abiertas. Hasta que la sentencia quede firme, la Fiscalía solicitará el arresto domiciliario en otra audiencia. La defensa anunció su intención de impugnar la sentencia, reservando ese derecho.

Descripción del hecho

Según la acusación, el 28 de julio, a las 8:30 horas, se recibió la denuncia de un empleado de la Secretaría de Trabajo sobre una amenaza de bomba. Un hombre había llamado a las 8:00 horas advirtiendo sobre la presencia de una bomba en la institución, desencadenando un protocolo de evacuación y generando caos en el tránsito, así como un despliegue innecesario de policía y bomberos debido a una falsa alarma.