El sector automotor en Argentina observa con inquietud la posible modificación de la Ley de Tránsito que permitiría a particulares importar vehículos. Un cambio que hasta ahora es potestad exclusiva de las automotrices y licenciatarias establecidas en el país. Desde Casa Rosada, fuentes cercanas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmaron que se evalúa simplificar el trámite de importación para consumidores individuales. Sin embargo, destacaron que aún no hay una decisión definitiva.

Para los consumidores, esta flexibilización podría representar una oportunidad de acceder a vehículos a precios más bajos. En mercados como el estadounidense, los mismos modelos tope de gama disponibles en Argentina suelen costar la mitad o incluso menos. No obstante, la importación privada de vehículos no está exenta de costos adicionales, como los fletes y la carga impositiva. Cuyos factores que pueden reducir el margen de ahorro.

Desde el sector automotor, algunas voces expresan preocupación por el impacto que esta medida tendría en la recaudación del Estado. Y es que el valor FOB y CIF de los autos es la base sobre la cual se calculan los impuestos, incluidos los impuestos internos. Aun así, la industria no se opone a la modificación en sí, siempre que los vehículos importados cumplan con los requisitos de seguridad y emisiones vigentes para las terminales e importadores.

Un directivo de una automotriz nacional destacó que cualquier importación con fines comerciales también debería adherirse a la normativa de Defensa del Consumidor, especialmente en lo referente a garantías, servicios de postventa y abastecimiento de repuestos. En la actualidad, las marcas y los distribuidores locales asumen la responsabilidad legal por la garantía de los vehículos que importan, así como por la provisión de repuestos originales y la capacitación de mecánicos, asegurando la correcta reparación y mantenimiento de los autos.