En la tarde de ayer, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, presentó un proyecto para reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas. De esta forma, busca prohibir la transferencias de acciones de la línea aérea. En caso de realizarse, deberá contar con la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

La iniciativa apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace sin la intervención del Congreso. Especialmente, ante el hecho de que los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como también el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, hablan de privatizar empresas públicas, señalaron desde el equipo del legislador a través de un comunicado.

En los fundamentos del proyecto, el diputado planteó que el objetivo es «proteger lo conseguido y ahuyentar a los ‘fantasmas privatizadores'». Así como también «poner límites a quienes disfrazados de eficientes ‘gestionadores’ privados. Que lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales».

La iniciativa presentada en la Cámara baja propone reformar la ley 26466/2008. Esta declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A. Y prohíbe expresamente «la transferencia de las acciones» sin una autorización previa del Congreso. El proyecto de ley impulsado por Kirchner detalla, además, que la autorización del Parlamento a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable «de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara».

Modificación de un artículo clave de la ley

Para modificar la ley 26466, la propuesta promueve la incorporación de un párrafo al primer artículo de la normativa. Lo que que permitiría incluir en el texto de la norma, el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26741/2012. Por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.

El artículo 10 de la ley transfirió al Estado, la mayoría del paquete accionario de YPF. En ese punto se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, «se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas. Sin que medie autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros».

Para finalizar, el legislador del FdT y el resto de los firmantes del proyecto valoraron que «se está logrando que la compañía requiera menores aportes». Y que también que «su peso relativo en el presupuesto nacional se achica año tras año. En 2023, Aerolíneas representa el 0,31% del presupuesto total de gastos, mientras que en 2019 era de 0,48%», concluyeron.