La Justicia avanza sobre la red de empresas que se esconde detrás del avión de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio con 47.882 kilos de autopartes. Según detallaron a Infobae fuentes judiciales, hay al menos siete firmas, de diferentes países, bajo la mira. Hasta ahora, solo declararon un representante de SAS Automotriz, y la despachante de Aduana que figura en la documentación. No aportaron nada nuevo para la causa.

Entre las involucradas se destaca la automotriz, firma que comercializa asientos para el Volkswagen Taos, que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht que, a su vez, decidió apuntar a Aerocharter México.

El día de hoy, la Policía Federal Argentina (PFA) sumó otro informe preliminar a partir del análisis del contenido de los teléfonos secuestrados. Los detalles se conocieron ayer a la tarde en un reunión a puertas cerradas. Participaron representantes del juzgado, la Fiscalía y la DAIA. “No se mostraron las fotos, solo hubo una explicación del trabajo que se está haciendo”, dijo uno de los presentes.

En las próximas horas, la querella de la DAIA responderá el último requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona y pedirá que se mantengan las medidas cautelares. Esto es, la prohibición de salida del país de los 19 tripulantes, que sigan bajo control de la Justicia, y que se mantenga retenido el avión en Ezeiza. “Vamos a pedir nuevas medidas pruebas. Por el momento no hay elementos para pedir la detención de los tripulantes”, dijo la abogada Marta Nercellas.