Desde el primer día de febrero comienza a regir el Acuerdo Fiscal Municipal, antes era llamado «Pacto Social» entre provincia y municipios, oficializado por el gobernador Osvaldo Jaldo. Este sistema abarca una seria de nuevas disposiciones económicas giradas hacia el interior, centrándose en la ayuda financiera para pagar los salarios demandados en planillas de cada jurisdicción, pero dejando afuera obras públicas, actividades culturales y deportivas.

El Gobierno promueve entonces un mayor esfuerzo a los diferentes intendentes con sus recaudaciones y ajustar para poder llegar a su autonomía. Con esta idea se estima que en los próximos seis meses, cada intendente en Casa de Gobierno exponga sus ideas para realizar recortes y priorizar áreas estratégicas mejorando los ingresos.

El pacto social nació en el 2000 con el gobernador Julio Miranda y José Alperovich como ministro de Economía, quienes mediante DNU establecieron enviar a los municipios el dinero suficiente para poder liquidar los sueldos, lo cual en este gobierno de Jaldo busca mantenerse pero con algunas regulaciones que se están definiendo en manos del ministro de economía Daniel Abad y el ministro del interior Darío Monteros. Uno de los puntos más preocupantes es el pago que reúne casi $100.000 millones de la deuda de los municipios, una de las alternativas mencionadas hasta ahora es refinanciar esos pagos de aquí a 20 años, como se hizo durante el estadio de Juan Manzur.

Esto puede llegar a lograrse, solo siendo estudiado fehacientemente por una comisión que ha de ser conformada por el Ejecutivo provincial dialogando así cuales serían los montos que los municipios deberían completar.