La Cámara de Senadores sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, que obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma deja atrás el esquema de emergencia y establece un régimen permanente para garantizar las prestaciones, ordenar el financiamiento y regularizar las deudas con los proveedores del sistema.

El texto aprobado conserva puntos centrales del esquema vigente, entre ellos las pensiones no contributivas, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. También incorpora partidas presupuestarias específicas y mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector.

La votación llegó después de una sesión atravesada por cruces entre el oficialismo y el peronismo, principalmente por las demoras en el tratamiento de la iniciativa.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

Uno de los aspectos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas, que equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo la principal vía de acceso al beneficio.

La ley también mantiene la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal. De esta manera, las personas con CUD podrán conservar la prestación si trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia de salud, se garantiza el acceso al Programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, con las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.

El financiamiento tendrá partidas específicas del Ministerio de Salud y se prevén compensaciones del Tesoro en caso de que esos fondos no alcancen. Además, el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo en comparación con el año anterior.

Auditorías y regularización de deudas

La normativa incorpora controles periódicos a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Para esas auditorías se cruzarán datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones.

Ante un incumplimiento objetivo, podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá respetar el denominado “debido proceso inclusivo”, que contempla la notificación a la persona afectada y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.

Otro punto establece plazos para saldar las deudas que pudieran existir con los prestadores al momento de la sanción. El Poder Ejecutivo tendrá 30 días para publicar un cronograma de pagos y deberá cancelar esas obligaciones dentro de los 90 días.

Los cuestionamientos durante el debate

Durante la discusión, el senador oficialista Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto y miembro informante del proyecto, defendió la necesidad de establecer reglas permanentes. “La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, sostuvo.

También afirmó que “no es un proyecto de un solo sector”, en referencia al texto consensuado durante el tratamiento en Diputados.

Desde la oposición, Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, advirtió que la aprobación era necesaria por el vencimiento del esquema anterior, aunque consideró que todavía quedan cuestiones por resolver. “Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, expresó.

La senadora manifestó preocupación por la capacidad operativa de las oficinas de ANSeS para ejecutar las medidas. En ese sentido, señaló que existen “427 centros para todo el país” y cuestionó si podrán responder a las necesidades del sistema. También indicó que el 42,9% de esas dependencias se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el senador pampeano Pablo Bensusán llamó la atención sobre los compromisos pendientes con los prestadores y la necesidad de seguir de cerca el funcionamiento de las próximas auditorías.