La Justicia condenó a un expolicía federal por la usurpación de un terreno fiscal en El Cadillal, en un fallo que fortalece el proceso de recuperación de inmuebles públicos impulsado por el Gobierno de Tucumán en distintas zonas de la provincia.

El condenado fue Víctor Hugo Arroyo, quien recibió una pena de dos años de prisión condicional por haber ocupado de manera ilegal un lote de casi 450 metros cuadrados entre mayo y agosto de 2023. Además, deberá afrontar las costas del proceso y tiene prohibido acercarse al predio o realizar cualquier acción que altere su posesión.

La investigación comenzó luego de que técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaran la ocupación irregular. Tras una inspección realizada junto con la Dirección General de Catastro, se comprobó que el terreno pertenecía al Estado provincial y que ya había sido concesionado a una empresa privada para el desarrollo de un complejo turístico.

A partir de esa constatación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó iniciar las acciones administrativas y la denuncia penal para recuperar el inmueble. Más adelante, el fiscal Carlos Saltor solicitó formalmente la restitución del predio, pedido que fue respaldado por el juez Guillermo Taylor, quien además cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera cobrado tributos sobre un terreno de propiedad provincial.

Finalmente, durante el juicio oral, el juez Guido Buldurini dictó la condena contra Arroyo y dispuso medidas para garantizar que el inmueble vuelva a quedar bajo control del Estado.

Pedicone destacó que el terreno recuperado forma parte del patrimonio público protegido por leyes provinciales y recordó que está destinado a la preservación ambiental y al desarrollo turístico. En ese sentido, sostuvo que la Provincia mantiene una política activa para resguardar estos espacios y evitar nuevas ocupaciones ilegales.

La funcionaria señaló además que El Cadillal arrastra desde hace años una compleja situación dominial, agravada tras la pandemia. Para intentar regularizar ese escenario, el Gobierno impulsó una ley que permitió a los ocupantes acceder a los terrenos fiscales mediante licitación pública y planes de pago.

Según datos oficiales, alrededor de 1.300 personas iniciaron los trámites de regularización, aunque solo unas 120 completaron correctamente el procedimiento. El resto de los expedientes quedó bajo investigación, en el marco de denuncias por presuntas maniobras irregulares que involucran a ex empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial.

Las autoridades también informaron que continúan los controles sobre el patrimonio provincial y que se detectaron publicaciones en redes sociales ofreciendo terrenos ubicados en áreas fiscales. Esos casos ya fueron denunciados ante la Justicia para avanzar con las investigaciones correspondientes.

El Gobierno provincial indicó que, además de El Cadillal, ya recuperó inmuebles fiscales de alto valor ambiental y turístico en localidades como El Mollar, Tafí del Valle, San Javier y Yerba Buena. También continúa avanzando la causa judicial vinculada al denominado «Loteo Gaucho Castro», en la Reserva Natural La Angostura.