El Gobierno nacional acelera la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de que, a partir de 2026, los argentinos puedan ingresar al sistema formal los dólares ahorrados fuera del circuito bancario. La iniciativa apunta a remonetizar la economía y fortalecer la acumulación de reservas en el marco de la nueva fase del programa monetario oficial.

Tras la sanción de la norma en el Senado, el Ejecutivo busca avanzar rápidamente con la letra chica. La reglamentación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que trabajan en los aspectos técnicos para poner en marcha el nuevo esquema.

Según fuentes oficiales, dentro del Gobierno existe un fuerte interés en activar cuanto antes la medida, aunque reconocen que algunos cambios, especialmente los vinculados al Régimen Penal Tributario, presentan mayor complejidad para su implementación. En paralelo, los bancos aguardan definiciones concretas, ya que admiten confusión sobre los alcances operativos de la ley y trasladaron sus dudas al Banco Central.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a presionar públicamente a las entidades financieras para que no impongan trabas a quienes quieran formalizar sus ahorros. “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en referencia a la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias como único requisito.

La Ley de Inocencia Fiscal crea justamente ese régimen, destinado a contribuyentes con ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones, siempre que no sean considerados grandes contribuyentes. Bajo este esquema, ARCA no controlará los consumos ni el patrimonio, sino únicamente los ingresos declarados y los gastos deducibles para el cálculo del Impuesto a las Ganancias.

Quienes adhieran quedarán liberados de futuros reclamos por ese impuesto si cumplen con los pagos establecidos y podrán realizar operaciones como la compra de autos o inmuebles sin quedar bajo la lupa del organismo recaudador. Además, bancos, escribanías, concesionarias y tarjetas de crédito no estarán obligados a reportar esas transacciones.

La norma también introduce cambios en el Régimen Penal Tributario. Entre ellos, eleva de manera significativa los montos que configuran delitos fiscales: la evasión simple pasará de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. Asimismo, se habilita la extinción de la acción penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses antes de que se formule la denuncia, o con un pago adicional del 50% si el proceso ya está iniciado.

Con la reglamentación en marcha, el Gobierno apuesta a que la Ley de Inocencia Fiscal se convierta en una de las herramientas centrales para movilizar los dólares fuera del sistema y apuntalar la actividad económica durante 2026.