El Gobierno nacional volverá a insistir en modificaciones a la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias del Congreso en 2026, luego de que el intento de reforma incluido en la Ley Bases quedara finalmente fuera del texto sancionado. El objetivo central del Ejecutivo es introducir cambios que habiliten, en determinados casos, la internación de pacientes con intervención judicial.

Según pudo saber este medio, la iniciativa se encuentra en etapa de diseño y sería enviada al Parlamento a partir del 1° de marzo, cuando se inaugure formalmente el nuevo período legislativo. La propuesta apunta especialmente a revisar el artículo que regula las internaciones involuntarias, una de las disposiciones más cuestionadas desde la sanción de la norma vigente.

El foco en las internaciones y la intervención judicial

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la actual Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, presenta vacíos operativos que dificultan la atención de pacientes en situaciones críticas. En ese marco, la Casa Rosada considera necesario permitir que los jueces puedan autorizar internaciones cuando exista riesgo para la persona o para terceros.

El reclamo no es nuevo y ha sido planteado en reiteradas oportunidades por familiares de pacientes, profesionales de la salud mental y fuerzas de seguridad, quienes advierten sobre la falta de herramientas legales para actuar con rapidez ante episodios agudos.

El antecedente fallido en la Ley Bases

La administración de Javier Milei ya había intentado avanzar con estas reformas en el proyecto original de la Ley Bases, donde se proponían modificaciones en al menos ocho artículos de la ley. Sin embargo, esos cambios quedaron fuera de la versión definitiva aprobada por el Congreso.

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron fuentes oficiales. Y que anticipan que el nuevo proyecto retomará parte de aquellas propuestas, aunque con ajustes técnicos para facilitar su tratamiento legislativo.

Centros especializados y cambios estructurales

Entre los puntos que el Gobierno evalúa incluir se encuentra la creación de centros especializados. Así como la redefinición de los criterios de internación como recurso terapéutico excepcional y la posibilidad de habilitar establecimientos neuropsiquiátricos. También se analiza modificar las condiciones de egreso, rehabilitación y la composición del Órgano de Revisión.

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, será el encargado de impulsar la iniciativa. Podría ser anunciada formalmente por el Presidente durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso.

Casos emblemáticos y el argumento oficial

En la Casa Rosada sostienen que la necesidad de reformar la ley quedó expuesta en casos de alto impacto. Como el asesinato del efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en 2021, a manos de un hombre con antecedentes psiquiátricos. Desde el Ejecutivo señalan que situaciones de este tipo evidencian las limitaciones del marco legal actual.

En ese sentido, remarcan que la ausencia de mecanismos claros de intervención temprana puede derivar en desenlaces trágicos, tanto para los pacientes como para terceros.