El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió abrir sus registros bancarios para intentar contrarrestar la sanción que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló de tener vínculos con el narcotráfico. La medida también alcanzó a la primera dama, Verónica Alcocer, y a su hijo Nicolás Petro.

Los movimientos bancarios, correspondientes al período 2022-junio 2025, comenzaron a difundirse a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que quedó facultada para remitirlos a la prensa luego de que el propio presidente levantara el secreto bancario.

Qué revelan los registros difundidos

En su publicación en X, Petro preguntó si no resultaba “grave” que sus cuentas “desmintieran la calificación del presidente Trump sobre un mandatario elegido democráticamente”. Las planillas muestran gastos cotidianos —pagos hipotecarios, consumos en marcas de lujo como Gucci y Ralph Lauren— y una transacción realizada en un club de striptease, hecho que rápidamente generó cuestionamientos en los medios locales.

Según la UIAF, en ninguno de los registros remitidos por las entidades financieras se detectaron movimientos asociados a operaciones de narcotráfico ni pedidos de información judicial relacionados con esos delitos.

La mirada de los analistas: un gesto de transparencia con efectos limitados

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, la difusión masiva difícilmente modifique la posición del gobierno estadounidense. El especialista remarcó que, si hubiera existido un flujo financiero ilícito hacia el presidente, “seguramente no aparecería en sus cuentas formales”. Aun así, destacó el gesto como un intento de transparencia hacia la sociedad colombiana.

En ese sentido, la apertura no despeja los demás frentes judiciales que enfrenta el mandatario. Petro está siendo investigado por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial de 2022, aunque ninguna de esas actuaciones involucra narcotráfico.

El caso Nicolás Petro y el impacto político

El hijo mayor del presidente atraviesa un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que, según los investigadores, habría involucrado fondos desviados de la campaña oficialista. Ese expediente se convirtió en uno de los puntos de mayor desgaste para la imagen del mandatario, que intenta distanciarse públicamente del caso.

Mientras tanto, la situación judicial en Colombia avanza por otra vía: una comisión de la Cámara de Representantes analiza denuncias contra Petro y otros altos funcionarios en el marco de sus atribuciones constitucionales.