La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó que no se le tome juramento a Germán Oestmann como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, en representación de las universidades nacionales.

El organismo, presidido por Ricardo Rafael Toranzos, argumentó que existen “razonables dudas” sobre la imparcialidad y la idoneidad ética del funcionario, procesado en diversas causas judiciales vinculadas a su rol como rector de la Universidad de Chaco Austral.

Procesamientos en curso

Oestmann enfrenta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, amenazas y coacciones, entre otros. Varias de esas causas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y esperan fecha de juicio oral.

La Asociación de Fiscales subrayó que su eventual designación genera un conflicto de intereses estructural, ya que los propios integrantes del Ministerio Público deberán intervenir en expedientes en los que Oestmann figura como imputado.

Argumentos de la oposición

En una carta fechada el 10 de septiembre, la Asociación advirtió que, más allá del principio de inocencia, la situación procesal del funcionario “compromete la transparencia institucional” y podría “amedrentar la libertad de acción de los fiscales”.

Además, señaló que su incorporación al jury sería “inoficiosa”, dado que obligaría a su recusación en cualquier proceso, vaciando de contenido su participación. “La elección de Oestmann resulta contraria a los principios de independencia y legitimidad del sistema de control disciplinario”, remarcó el documento.

El rol del Tribunal de Enjuiciamiento

El Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales es el órgano encargado de juzgar la conducta de fiscales federales y nacionales. Su integración requiere representantes de distintos sectores, entre ellos las universidades públicas, lo que habilitó la postulación de Oestmann.

Sin embargo, la Asociación de Fiscales advirtió que su presencia “pondría en riesgo la independencia que requieren los fiscales para cumplir con su mandato legal” y pidió a Casal que “se deje sin efecto dicha designación, y consecuentemente no se le reciba juramento”.