Casi la mitad de las empresas controladas por el Estado nacional cerraron el primer trimestre del año con pérdidas financieras, a pesar del fuerte recorte de gastos impulsado por el Gobierno. Según datos oficiales, 14 de las 32 compañías no financieras bajo control estatal registraron déficit entre enero y marzo, lo que representa el 43% del total. Sin embargo, el saldo global fue positivo y algunas firmas clave mostraron una mejora significativa.

Los números provienen del informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y reflejan los primeros resultados del impacto de la llamada «motosierra» sobre las finanzas de las empresas públicas. En conjunto, estas compañías generaron ingresos por $2,5 billones y alcanzaron un superávit financiero de $7.093,7 millones en el primer trimestre de 2025.

Una por una: las 14 empresas con déficit financiero

A pesar del saldo global favorable, el informe destaca que 14 empresas públicas continuaron operando con pérdidas. Entre ellas se encuentran algunas incluidas en la Ley Bases para ser privatizadas:

  • AySA: -$10.420,6 millones
  • ENARSA: -$34.897,7 millones
  • Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): -$16.058,9 millones
  • Operadora Ferroviaria (SOFSE): -$44.600,5 millones
  • Belgrano Cargas: -$9.327,1 millones
  • Yacimientos Carboníferos de Río Turbio: -$6.503 millones
  • Fabricaciones Militares: -$1.761,1 millones
  • Fábrica Argentina de Aviones (Fadea): -$5.537,1 millones
  • ARSAT: -$249 millones
  • Educar: -$2.231,3 millones
  • Radio y Televisión Argentina: -$1.539,3 millones
  • Servicio de Radio y Televisión: -$331,8 millones
  • LT10 Radio Universidad del Litoral: -$42,6 millones
  • Agencia de Publicidad del Estado: -$249,3 millones

Recortes, superávit y menos empleados

En términos agregados, el panorama es otro. Los ingresos de todas las empresas estatales aumentaron un 42,4% interanual, mientras que los gastos crecieron 32,1%, lo que permitió lograr un resultado financiero superavitario.

Además, el informe detalla que las transferencias del Tesoro alcanzaron los $351.642,7 millones en el trimestre, y la inversión real directa fue de $483.524,9 millones, especialmente en infraestructura energética y de transporte.

Un dato no menor es la reducción del personal: las empresas públicas contaban con 77.367 empleados al 31 de marzo, casi 13.000 menos que el año pasado. Este ajuste en la estructura también explica parte del resultado positivo.

Aerolíneas Argentinas: de emblema del déficit a caso de éxito

Uno de los casos más llamativos fue el de Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera, históricamente apuntada por sus pérdidas millonarias, logró revertir su situación y obtuvo un superávit económico de $169.012,5 millones en el primer trimestre del año.

Los ingresos pasaron de $378.107 millones en 2024 a $836.999 millones en 2025, mientras que los gastos solo crecieron un 33,2%. Además, fue la mayor receptora de recursos de capital (43,3% del total) y aumentó su inversión real directa en un 654,7%.

Aunque no figura en la lista de empresas a privatizar incluida en la Ley Bases, desde el Ejecutivo no descartan su venta. «Todas las empresas deben ser eficientes. Si no lo son, no tiene sentido que sigan en manos del Estado», reiteran fuentes oficiales.

Correo, Nucleoeléctrica e Intercargo también mostraron superávit

Otras firmas con resultado positivo y camino a la privatización son Corredores Viales, Intercargo y Nucleoeléctrica Argentina. Estas tres empresas sumaron un superávit conjunto de $28.170 millones. En tanto, el Correo Argentino tuvo un resultado favorable de $27.209 millones, lo que también llamó la atención dentro del informe de Hacienda.

Empresas deficitarias en la mira del Gobierno

De las 14 empresas con resultado negativo, al menos cinco están señaladas para su venta total o parcial según lo establecido por la Ley Bases: AySA, ENARSA, SOFSE, Belgrano Cargas y YCRT. Estas compañías han sido históricamente las más dependientes del financiamiento estatal y representan un peso importante en las cuentas públicas.

A través de su política de desregulación, recorte del gasto y apertura al capital privado, el Gobierno nacional busca reducir ese peso y avanzar en un esquema de empresas públicas sustentables o directamente privatizadas.