La polémica detrás del conflicto universitario sumó un nuevo capítulo el día de hoy con la presión del Gobierno en torno a la realización de auditorias en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) entregó esta mañana la documentación en la que se notifica el comienzo de la misma. El comunicado se entregó de manera presencial, debido a que las autoridades de la universidad no habían respondido las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) ni al correo electrónico oficial del rectorado. El Ministerio de Capital Humano señaló que el Ejecutivo tomó esta decisión para evitar «dilaciones».

De este modo, la institución deberá rendir cuentas sobre el manejo de más de 8.000 millones de pesos que, según el Gobierno, están en el foco de la cuestión. De este modo, se busca determinar el destino de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional durante el período 2020-2022. A esto se suman otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019 de los cuales no se rindieron cuenta.

Se examinarán convenios, gastos corrientes, inversiones y contrataciones de servicios, muchos de los cuales no cuentan con licitación. Además, se evaluará los gastos no planificados, los cuales según el organismo controlador, suelen terminar en cuentas personales. Por último se investigarán subcontrataciones y posibles irregularidades en la incorporación de personal.

Negativa de la UBA

Pese al avance, las autoridades universitarias se niegan al control por parte de la SIGEN al considerar que no es el organismo adecuado para auditar la institución. Por otro lado, señalan que se trata de una intervención ilegal del Gobierno, con el objeto final de ir hacia un arancelamiento y la posterior restricción de la educación pública. En ese sentido, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, aseguró que acudirá a la Justicia para que se determine cuál es el organismo que debe auditar las universidades. La realidad es que la UBA fue auditada hasta el año 2013 por la SIGEN. En 2022, un dictamen del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, impidió al organismo descentralizado auditar las universidades, situación que cambio recientemente con el nuevo dictamen del actual procurador, Rodolfo Barra.

“El Poder Ejecutivo informó que, por disposición unilateral, las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, explicó Gelpi.