En medio de tensiones con las provincias por deudas vinculadas a diversos fideicomisos, el presidente Javier Milei firmará un Decreto para transferir el control de estos fondos al Ministerio de Economía. Esta medida otorga más poder a Luis “Toto” Caputo dentro del Gabinete, mientras se busca restablecer el diálogo con los gobernadores.

El oficialismo busca poner fin a una herramienta ampliamente utilizada por distintas administraciones para financiar proyectos al margen del Presupuesto aprobado por el Congreso. Según una auditoría reciente, se descubrió que la cantidad de fideicomisos supera los 30 inicialmente estimados, llevando al gobierno a considerar su desmantelamiento.

El presidente Milei expresó que estos fideicomisos, considerados «cajas negras de la política», generan nerviosismo entre los actores políticos que dependen de ellos. La eliminación directa de estos fideicomisos se planteó inicialmente. Pero solo nueve de ellos podrían desaparecer mediante la firma presidencial, mientras que el resto requeriría una ley.

La solución propuesta implica que, en lugar de eliminarlos, se centralice y controle su gestión mediante un único Decreto. Según la normativa, el Ministerio de Economía se convertirá en el fiduciario de todos los fondos existentes. Lo que le permitiría manejarlos conforme a los términos del contrato original.

Esto implica la eliminación del poder de decisión sobre el dinero por parte de los fiduciarios actuales, usualmente funcionarios de la provincia beneficiada, transfiriéndolo directamente a Luis “Toto” Caputo. A pesar de las dificultades para eliminar algunos fideicomisos, la medida busca controlar su funcionamiento y manejo financiero.

Los fideicomisos, instrumentos legales que involucran a fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios, se utilizaron frecuentemente para financiar proyectos, como obra pública, al margen del presupuesto anual aprobado por el Congreso. La nueva medida busca poner fin a este mecanismo de financiamiento, desencadenando tensiones con algunas provincias y desatando una disputa judicial.

Esta decisión refleja la voluntad del Presidente de poner fin a una práctica que ha generado controversias y tensiones políticas. El control centralizado por parte del Ministerio de Economía, con la participación de Caputo, plantea nuevos desafíos y debates sobre la transparencia y la gestión de estos fondos.