El gobierno se encuentra en medio una estrategia política de confrontación liderada por Javier Milei, tras el fracaso en la aprobación de la Ley de Bases. Los gobernadores evalúan una respuesta judicial ante la reciente decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Compensador del Interior. El cual estaba destinado a subsidiar las tarifas del transporte público en las provincias.

La medida, anunciada tras expresiones de Milei en redes sociales calificando a mandatarios provinciales y legisladores como «traidores» y «delincuentes», generó un alerta inmediato entre los gobernadores, quienes analizan una respuesta conjunta. La decisión de eliminar el fondo, que representaba unos $102.000 millones, apunta a alcanzar el equilibrio fiscal nacional. Pero a expensas de los presupuestos provinciales, según sostienen los mandatarios.

Los gobernadores del interior observan con preocupación el carácter de la medida. Excluya al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que actualmente recibe $88 mil millones mensuales en subsidios para el transporte. Mientras que el interior, que representa otras necesidades, recibe alrededor de $11 mil 500 millones mensuales.

Ante este escenario, algunos gobernadores han instruido a sus equipos legales para evaluar estrategias judiciales. En Córdoba, por ejemplo, no descartan presentar nuevamente ante la Corte Suprema el histórico reclamo de deuda con la Nación por las Cajas de Jubilaciones. En Santa Fe, aunque no contemplan la judicialización por el momento, sostienen que el Estado nacional les adeuda $660 mil millones del sistema previsional.

Chubut y Mendoza no descartan recurrir a acciones cautelares ante la Corte Suprema (CSJN) para impedir que la Nación recorte los fondos. La posibilidad de que una provincia obtenga la aprobación de la Corte Suprema como precedente para otras se presenta como una opción en este escenario de tensiones.