El Gobierno no cedería ante los reclamos por la quita de subsidios al Transporte: «Se van a tener que ajustar»
A pesar de las quejas de varios gobernadores, las autoridades nacionales han defendido la decisión de eliminar los subsidios a las empresas de colectivos y trasladar esos fondos directamente a los usuarios. Desde el Gobierno niegan que la medida sea una venganza por la falta de apoyo de algunas provincias durante el debate de la Ley de Bases.
Ante el reclamo de los mandatarios provinciales y municipales tras el anuncio del fin del Fondo Compensador del Interior, una fuente de la Casa Rosada afirmó: «Se van a tener que ajustar también ellos». La Secretaría de Transporte emitió un comunicado explicando que la disminución del subsidio a las empresas se alinea con los objetivos trazados al inicio de la gestión y el Pacto Fiscal firmado en 2017 y 2018.
Algunos gobernadores, como el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresaron su descontento al señalar que se le quitan 1.500 millones de pesos por mes a su distrito. Las autoridades nacionales ratificaron la decisión, instando a cada administración a hacerse cargo de lo que le corresponde y determinar el costo del boleto en sus jurisdicciones.
Cruces entre Nación y provincias
El cruce entre mandatarios locales y la Casa Rosada se produce poco después de que el presidente Javier Milei ordenara levantar la sesión en la que se discutía la Ley de Bases, argumentando una traición de los gobernadores debido a la caída del 98% de las partidas discrecionales a las provincias.
El Gobierno niega que la eliminación de los subsidios a los colectivos sea una respuesta o venganza por la falta de respaldo y sostiene que es parte de un plan de ajuste ya planificado. La medida, que canaliza la ayuda a los usuarios a través de SUBE, afectará principalmente a jurisdicciones como Buenos Aires (fuera del AMBA), Córdoba y Santa Fe, aunque no se proporcionaron detalles sobre la cantidad de fondos que perderá cada una. Desde la Secretaría de Transporte insisten en que la decisión busca que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos sin intermediarios.