Este viernes, el gobierno de Javier Milei, a través de la Procuración del Tesoro dirigida por Rodolfo Barra, presentó una apelación al fallo de la Cámara del Trabajo. Aquel que paralizó las reformas laborales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Esta apelación busca llevar el caso, directamente o a través de una queja, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su revisión.

Simultáneamente, la Casa Rosada ya había cuestionado en el fuero contencioso administrativo la decisión del fuero laboral en respuesta a la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). El Gobierno sostiene que la Justicia laboral no tenía la competencia adecuada para pronunciarse y que el caso debería pasar a la Cámara en lo Contencioso, que ya había solicitado la inhibitoria. Los abogados del Estado resaltan que la jueza que votó en minoría en el fallo de la Cámara del Trabajo respaldó este argumento.

Hasta ahora, la Justicia laboral ha emitido cinco fallos en contra del DNU, siendo el primero impulsado por la CGT. Este proceso inició con una movilización a Tribunales a finales de 2023, seguido por un anuncio de paro con movilización para el 24 de enero. Todo esto ocurre en medio del debate parlamentario sobre la Ley Ómnibus. La otra parte de las reformas propuestas por Milei, que no fueron incluidas en la norma.

La Ley Ómnibus incluye la propuesta de transferir la Justicia nacional a la órbita porteña en tres años. Una medida resistida por la Asociación de Jueces y Funcionarios Nacionales. Mientras el Gobierno impugnó los fallos que detienen las reformas del DNU laboral, la Cámara del Trabajo firmó una acordada oponiéndose a esta iniciativa. La Cámara en lo Contencioso quedó habilitada para resolver, con los jueces Sergio Fernández y Carlos Manuel Grecco como responsables durante la feria judicial. Mientras que Lavié Pico podrá decidir la constitucionalidad del DNU a partir de la próxima semana.