El próximo 31 de marzo vencerá la resolución firmada en enero por la vicepresidente Victoria Villarruel, que suspendió la actualización automática de las dietas de los senadores en relación con el valor del módulo de referencia del Congreso. Villarruel dejará en manos de los bloques la definición del tema, con bancadas que ya adelantaron que no impulsarán modificaciones. De mantenerse este esquema, desde mayo cada senador pasaría a percibir un sueldo base de al menos 9 millones de pesos en bruto.

Al inicio de la actual gestión, el Congreso replicó la suba de la administración central, aunque luego la frenó Martín Menem en Diputados y por Villarruel en el Senado. Sin embargo, en abril pasado, senadores del oficialismo y la oposición acordaron un nuevo esquema de dietas, que fue aprobado en el recinto. Desde entonces, las dietas se componen de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Este último beneficio lo cobran casi todos los legisladores, con excepción de cuatro.

Además, los senadores incorporaron una dieta adicional para compensar el aguinaldo, lo que elevó los ingresos brutos a más de 7 millones de pesos mensuales desde mayo pasado. La única excepción es la senadora Alicia Kirchner, quien optó por conservar su jubilación en lugar de percibir la dieta completa.

En julio, tras la polémica por el último aumento otorgado a empleados legislativos —atado al de los senadores— del 6,6% para julio y agosto, la Cámara Alta decidió anular la suba y congelar sus dietas hasta el 31 de diciembre con una votación unánime de 65 adhesiones.

Presión para descongelar sueldos

El panorama comenzó a cambiar en noviembre, cuando el Congreso acordó una paritaria similar a la del Ejecutivo con los empleados estatales, estableciendo una suba del 6,13% acumulado de septiembre a diciembre. Sin embargo, el congelamiento salarial para los senadores siguió vigente hasta fin de año.

Con el cierre de 2024, varios legisladores comenzaron a presionar a Villarruel para que interviniera en el tema, a pesar de que la suspensión del aumento se aprobó por ellos mismos. Algunos argumentan que la carga impositiva por Ganancias afecta significativamente sus ingresos, sumado a los costos de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y otros gastos asociados a su función. Sin embargo, pocos se atreven a plantear públicamente el debate sobre los salarios de los funcionarios y el financiamiento de la política, un tema tabú que, sin resolverse, seguirá generando controversias.