Fuentes del Gobierno provincial señalan que hay 97 detenidos por presuntas amenazas al gobernador, Osvaldo Jaldo y funcionario de la Justicia provincial. Luego de activarse los protocolos de investigación, la policía apuntó contra «Miguelón» Figueroa, a quien acusan de estar vinculado al narcotráfico, como autor de un supuesto audio intimidatorio que habría circulado por Whatsapp. La amenaza también estaría dirigida a un juez y al menos tres fiscales y sus familias.

El mensaje habría sido recibido por una periodista, quien alertó al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que intervenga. Tras este hecho, la Justicia busca determinar posibles vínculos con grupos criminales y ordenó realizar múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia. Del mismo modo, se ordenó reforzar la seguridad de todos los funcionarios y sus allegados. No se descartan más detenciones. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, brindó detalles acerca de los señalados en el caso. «Entre personas detenidas por orden judicial y contravencionales hay 97. La Fiscalía va a ir decidiendo si quedan en libertad o van a seguir privadas de su libertad», apuntó.

El ministro desestimó las versiones acerca de que la amenaza se había realizado de manera directa a los teléfonos de los funcionarios. «Es un audio grabado que se envía por WhatsApp a una periodista, ella pone en conocimiento a la fiscalía, la fiscalía a otros fiscales y así al juez amenazado en este audio. Es ahí que se ponen en contacto con el presidente de la Corte Suprema (Daniel Leiva) y el es quien me comunica a mi. Activamos todos los protocolos para garantizar la seguridad de las personas mencionadas y algunas otras personas también hasta tener en claro la situación.», señaló. «No llega directamente al celular de un fiscal de un juez o de nuestro gobernador, llega a una periodista, pone en conocimiento a un fiscal y así es como llegamos a tomar conocimiento nosotros al rededor de las 17:45 del lunes», reiteró el funcionario.

El principal sospechoso

Miguel Figueroa, el sospechoso de haber lanzado la amenaza, presenta un amplio prontuario delictivo y ya habría realizado amenazas a funcionarios judiciales con anterioridad. No obstante, las autoridades creen que podría estar vinculado a grupos narcos, por lo que decidieron tomar medidas y avanzar en un megaoperativo donde se registraron al menos 79 detenciones, secuestros de vehículos y allanamientos en diferentes sitios de la provincia. El más importante de estos, se llevó a cabo en villa 9 de Julio, donde se aprehendió a más de 40 personas. “Decidimos neutralizar cualquier posibilidad de que cumpla con la amenaza. Se detuvo a las personas vinculadas al sospechoso y además se le reforzó la custodia al gobernador y se les puso una consigna a los funcionarios judiciales”, señaló el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

Un extenso prontuario

Figueroa se encuentra alojado en el penal federal de Marcos Paz (Buenos Aires), cumpliendo su condena por tres homicidios. En enero de 2024, días antes de que comenzara a ser enjuiciado por tres homicidios, realizó amenazas contra los fiscales del caso. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, pidió en ese momento suspender los debates por falta de seguridad. Sin embargo, el gobernador habría ordenado a las autoridades del Ministerio de Seguridad que los debates se realizaran. Desde ese momento, Figueroa insiste en que su caso fue «político» y que terminó condenado» por orden de Jaldo.

Los investigadores dejaron entrever que los mensajes intimidatorios habría sido dirigidos bajo un criterio de «venganza». Según el ministro Gamboa, se trata de la grabación de una llamada entre Figueroa y un tercero. Luego de captar el mensaje, esta persona habría enviado el audio a la trabajadora de prensa. Fuentes judiciales señalaron que el mensaje de voz enviado por whatsapp a la periodista incluía amenazas para los hijos del gobernador, como así también del juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, y los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos. Estos últimos fueron quienes llevaron adelante las acusaciones en contra de Figueroa el año pasado, hasta que fueron reemplazados por Gallo. En tanto que Ortega, avaló el traslado del acusado al penal federal.