La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció que, el próximo lunes o a más tardar el martes, se reglamentará la parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que permitirá a los trabajadores la libre elección de una obra social o prepaga. Esta medida elimina ciertas restricciones que actualmente limitan esa elección.

Las restricciones clave que se eliminarían incluyen la obligación de triangular los aportes con una obra social para quienes deseen servicios de una prepaga, y el requisito de permanecer un año en la obra social correspondiente antes de acceder a la desregulación. Desde el Gobierno y las empresas de medicina privada, se espera que este nuevo sistema beneficie a los afiliados. Ya que permitiría que el dinero retenido por las obras sociales sindicales pase a «pertenecer a los aportantes». Se considera que esta medida podría optimizar la cuota que pagan los trabajadores.

La reglamentación, que se publicará en el Boletín Oficial, habilitará a los trabajadores a elegir entre continuar realizando aportes a través de una obra social o hacerlo directamente a la prepaga seleccionada.

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), celebró la noticia, destacando la eliminación de intermediarios y sugiriendo que esto podría reducir costos. Sin embargo, el impacto real en la reducción de cuotas y cómo se traducirá para los beneficiarios aún no está claro. El Gobierno también establecerá que las empresas de medicina prepaga contribuyan al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota recibida. Este fondo tiene como objetivo principal el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos costosos.

A pesar de la expectativa de abaratamiento de cuotas, persisten dudas sobre la repercusión real para los afiliados. En medio de un contexto inflacionario y de aumentos significativos en las cuotas de prepagas. Además, se plantea la incertidumbre sobre qué servicios se brindarán por cada tarifa diferenciada y si la eliminación de intermediarios resultará en un beneficio palpable para los afiliados.

La medida, que apunta a eliminar las obras sociales que funcionan como «cajas negras de la política,» ha generado controversia. Y se inserta en medio de tensiones políticas e ideológicas entre el presidente Javier Milei y los gremios sindicales.