La aerolínea low cost Flybondi se encuentra en el ojo de la tormenta tras registrar un elevado porcentaje de cancelaciones y demoras durante el año, lo que llevó al Gobierno nacional a considerar sanciones económicas y la posibilidad de retirarle rutas comerciales. Según fuentes oficiales, la compañía presenta un índice de incumplimiento del 27% con sus pasajeros en lo que va de 2024, un dato que genera preocupación en las autoridades.

“Es una situación insostenible. Podrían perder permisos importantes si esto no mejora rápidamente”, señaló una fuente cercana al Ejecutivo. En el horizonte se vislumbra incluso la posibilidad de que Flybondi pierda su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), lo que significaría el fin de sus operaciones en el país.

Un historial problemático

En noviembre, de los 1991 vuelos programados por Flybondi, 384 fueron cancelados y más de 700 reprogramados, afectando a miles de pasajeros. Este desempeño se da en un contexto de política de “cielos abiertos”, en el cual el Gobierno buscó fomentar la competitividad otorgando a las low cost mayores posiciones en Aeroparque, nuevas rutas y la desregulación del servicio de rampas, previamente controlado por Intercargo. Sin embargo, los números de Flybondi no acompañaron esta política.

Entre los problemas operativos más graves de la aerolínea destacan diversos incidentes recientes que afectaron significativamente su desempeño. El 22 de noviembre, un avión que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba debió regresar a Buenos Aires por un problema mecánico, lo que generó inconvenientes entre los pasajeros.

En otro episodio, ocurrido el 20 de octubre, una falla mecánica en Puerto Madryn paralizó el aeropuerto por más de un día, retrasando las operaciones en una terminal que cuenta con infraestructura limitada.

Respuestas y medidas en evaluación

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intimó a Flybondi a presentar un plan correctivo para revertir la situación, con un plazo de 48 horas. La empresa respondió dentro del tiempo estipulado, argumentando que los inconvenientes se deben a problemas de flota y acceso limitado a divisas, un obstáculo que ya había complicado la operación de dos aviones en el pasado.

Aunque el Gobierno continúa evaluando la propuesta presentada, las sanciones económicas parecen inminentes. “Estamos hablando de una multa significativa, que podría superar los $200 millones”, informaron fuentes del sector. Además, desde la ANAC indicaron que, de no observar una mejora sustancial en las próximas semanas, podrían retirarle rutas a la compañía como una medida más drástica.