En medio de crecientes tensiones laborales, el Gobierno encabezado por Javier Milei mantiene una posición inflexible frente a los sindicatos. Y anticiparía posibles represalias contra líderes gremiales en respuesta a las medidas de fuerza. A pesar de las amenazas de paro por parte de gremios, el Ejecutivo no muestra preocupación. A su vez, planearía trasladar cualquier costo político de una huelga a las provincias.

El ajuste fiscal y la meta de equilibrar el déficit son prioritarios para el Gobierno. Por otro lado, la Confederación General del Trabajo (CGT) amenaza con un segundo paro general. En este contexto, sectores como los ferroviarios y los trabajadores de sanidad ya han realizado paros. Y los gremios docentes anuncian un cese de actividades preventivo para el próximo lunes.

A pesar de las señales de un inminente conflicto en el sector educativo, el Gobierno se muestra firme, incluso amenazando con represalias judiciales. Desde la Casa Rosada, destacan la oposición de los líderes sindicales y buscan capitalizar el rechazo de la población hacia ellos. Especialmente, entre quienes votaron por La Libertad Avanza.

El Gobierno convocó a la paritaria nacional docente para el martes, un día después del inicio de clases en varios distritos. Ante posibles medidas de fuerza, el oficialismo planea atribuir el costo político a los gobernadores de las respectivas provincias. Aunque se intenta acercar posiciones con algunos mandatarios, con Axel Kicillof, gobernador kirchnerista, no se espera un acuerdo. En consecuencia, el Gobierno estaría dispuesto a responsabilizarlo por un eventual paro.

A pesar de la oleada de medidas de fuerza y el malestar económico, el Gobierno de Milei se siente fuerte frente a la opinión pública y no planea ceder en recortes como el de los fondos de incentivo docente. Consideran que el apoyo a sus medidas se mantiene a pesar de los efectos del ajuste en las capas medias y bajas, confiando en que la población aún respalda su postura. La perspectiva triunfalista también se extiende al fracaso de ciertas leyes en el Congreso, responsabilizando a quienes no apoyaron las propuestas del oficialismo.