En la tarde de ayer, el Gobierno nacional inició un ambicioso plan para intervenir todos los registros automotores del país. Lo que marcaría un cambio significativo en la gestión de un sistema que ha sido objeto de críticas por su burocracia, falta de eficiencia y costos elevados. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lidera este proceso que busca revocar las intervenciones vigentes y designar nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores. Con 1.557 registros en todo el país y alrededor de 180.000 transferencias mensuales, este sistema ha sido un componente clave en el mercado automotor argentino.

Las críticas al sistema registral van más allá de su complejidad y burocracia. Se ha cuestionado la asignación de cargos «a dedo», vinculando ciertos nombramientos con relaciones políticas. Esta práctica ha generado tensiones, como el caso de la concuñada del exministro de Justicia, Martín Soria, designada como interventora en un registro estratégico.

Además de las críticas políticas, el sistema registral enfrenta problemas estructurales y de costos. Los trámites asociados a la transferencia de vehículos tienen un costo aproximado del 6% del valor del automóvil, y su complejidad aumenta estos gastos. El sistema, que depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA), ha sido percibido como una caja política, generando desconfianza en la ciudadanía.

Comparación con otros países

Las deficiencias incluyen la falta de modernización en la gestión de trámites y la necesidad de pasar por múltiples ventanillas para completar procesos. Se destaca la diferencia con otros países, como Estados Unidos. Donde el proceso es más simplificado y eficiente, eliminando la necesidad de múltiples formularios y ventanillas.

Esta intervención gubernamental se produce en un momento en que el nuevo gobierno de Javier Milei busca implementar cambios significativos en diversas áreas. La revisión y posible reforma del sistema registral automotor es parte de los esfuerzos para mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la transparencia en los procesos relacionados con la propiedad de vehículos en Argentina.