El juez federal Sebastián Casanello procesó al titular del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa surgió a raíz del manejo de fondos del entregados por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Según el fallo, los el dinero se desvió para fines partidarios. El magistrado dictó también un embargo por $390 millones. La investigación se había iniciado por los llamados que se registraron en una línea del Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre pasado para denunciar extorsiones de movimientos piqueteros. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el juez.

«Financiar la política»

“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron», señala la resolución del juez.

De este modo, Casanello argumenta que «no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”. “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”, agregó el magistrado.

Casanello sostiene que las operaciones tenían el propósito de financiar y robustecer la actividad político–partidaria, reemplazando la contraprestación del Estado por la «obligación de marchar bajo la bandera del Polo”. No obstante, los acusados negaron las acusaciones en Comodoro Py. Desde la organización sostiene que se trata además de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares.

Más procesados

Además de Belliboni, el procesamiento alcanzó un importante número de miembros del movimiento. Entre ellos se encuentran Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego. El juez también procesó a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, señaladas también por «amenazas coactivas”. Otras procesadas por amenazas son Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.